La comunidad de Madrid tendrá potestad para ejercer el derecho de tanteo y retracto en todas aquellas viviendas protegidas que se vayan a poner a la venta. Esto significa que el gobierno de aguirre podrá adquirir, con carácter preferente y por su precio oficial, los pisos sociales cuando sus dueños decidan ponerlos a la venta. Una orden regulatoria de la ley del suelo otorga este derecho al ejecutivo autonómico que tendrá un plazo máximo de tres meses para ejercerlo y evitará así el fraude que existe en las ventas de viviendas protegidas. Esta medida obligará a los propietarios a pedir autorización a la comunidad para vender el piso
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