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Durante décadas el alquiler ha sido el patito feo del sector inmobiliario pero parece que esta situación está cambiando, o al menos empieza a haber un interés público y una apuesta con más o menos fortuna por incrementar el exiguo parque español de viviendas en alquiler. Si en Europa varios países superan el 50% de su parque de viviendas dedicado al alquiler, en España este porcentaje apenas alcanzaba el 7%, aunque en los últimos años está produciéndose una importante salida de producto al mercado que sin embargo no está colocándose tan bien como esperaban sus propietarios debido al alto precio que piden por los arrendamientos. A este desencuentro entre una oferta que no se resigna a bajar precio y una demanda que ya no puede pagar las cantidades que se están pidiendo se suma una serie de medidas que están intentando fomentar el alquiler como alternativa a la vivienda en propiedad: las instituciones públicas estatales, autonómicas y locales están orientando buena parte de su inversión inmobiliaria a ofrecer vivienda pública en alquiler. Desde el ministerio de economía y hacienda se están estudiando medidas para favorecer fiscalmente tanto al arrendador como al inquilino a partir de 2006. Una medida que se incorpora al esfuerzo que en 2005 hizo el mismo ministerio persiguiendo el fraude fiscal que se escondía tras el cobro de alquileres no declarados: solo en los primeros nueve meses de este año, afloraron más de 100.000 viviendas en alquiler no declaradas. Sin embargo todavía no se han tomado medidas para evitar un miedo que expresan muchos propietarios: el desamparo ante la falta de pago o daños a la vivienda. Para paliar este déficit de seguridad, algunos ayuntamientos como el de Madrid o la recién creada sociedad pública de alquiler (spa) ofrecen garantías a cambio de asumir la comercialización de la vivienda, aunque todavía no hay datos públicos que avalen el éxito, o no, de estas iniciativas

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