Adquirir una vivienda protegida a precio de mercado no es nada nuevo, de hecho las administraciones lo conocen. El problema con el que se enfrentan es el de la detección de estas bolsas de fraude por falta de denuncias de usuarios. El elevado precio de los pisos y la dificultad de encontrar uno en una zona que convenza a los propietarios hace que se dé por buena la costumbre de dejarse "extorsionar". El pasado año la consejería de medio ambiente y ordenación del territorio de la comunidad de Madrid ejecutó a través de la dirección general de arquitectura y vivienda 111 expedientes sancionadores contra promotoras y constructoras. De ellas, 93 fueron por sobre precio, es decir, que el comprador tuvo que desembolsar una cantidad mayor que la que marca la ley. "Casi todas ellas fueron contra promotoras", asegura Juan blasco, director general de arquitectura y vivienda. La resolución del expediente conllevaba una multa de 1.503 euros y "la obligación de reintegro de las cantidades indebidamente percibidas", explica
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