La ministra de medio ambiente, Cristina narbona, reclama al gobierno que aumente la capacidad de las confederaciones hidrográficas, bajo su tutela, para vetar aquellos planeamientos urbanísticos que no garanticen el suministro de agua a los nuevos terrenos susceptibles de ser urbanizados. Narbona pretende exigir a todas las urbanizaciones que tengan el visto bueno de su departamento en lo referente al abastecimiento de agua para poder comenzar los trabajos de edificación. Esto podría provocar en la práctica la paralización de las promociones inmobiliarias con la notable repercusión negativa que esta medida puede tener en el patrón de crecimiento español. Desde el sector privado, los promotores y constructores no ven con buenos ojos el aumento de poder de los gestores hidrológicos al considerar que la burocracia que conlleva el trabajo en este tipo de organizaciones perjudicaría a las empresas y a los propios ayuntamientos
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