China, gracias a su continuo crecimiento superior al 9%, está experimentando una auténtica revolución que se aprecia en sus ciudades. En las más de 160 localidades con más de un millón de habitantes las grúas y las máquinas excavadoras han invadido el paisaje. Pero este progreso se apoya en expropiaciones en su mayoría ilegales, como reconoce el ministerio de tierra y recursos: el 64% de las expropiaciones de terrenos destinados a la construcción son ilegales, llegando al 90% en algunas grandes ciudades. La propiedad de estos terrenos no es del dueño de la casa que se sitúa sobre ellos, que solo tiene derecho al uso de la vivienda durante 60 años, sino que dado que la propiedad es colectiva y pertenece al pueblo, son los gobiernos locales los legitimados para apropiarse de las tierras y decidir su uso. La consecuencia es que cada año se expropian 200.000 hectáreas de tierras agrícolas para destinarlas a la construcción y 40 millones de agricultores han perdido su única forma de sustento desde 1978. Esta situación ha forzado a 200 millones de agricultores a emigrar a las grandes ciudades, lo que provoca una tremenda presión urbanística: la inversión en bienes inmobiliarios aumentó un 29,6% en los cuatro primeros meses de este año, lo que ha hecho dispararse el precio de la vivienda, que de media sube cada año desde 2002 un 15%. El gobierno ha optado por imponer medidas Drásticas, fijando límites a los créditos hipotecarios para evitar que los chinos se endeuden demasiado, o instando a las autoridades locales a fomentar la construcción de casas a precios asequibles para las clases más populares
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