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La amenaza de la demolición planea sobre unas 100.000 casas edificadas sin licencia o con un permiso administrativo que no se ciñe a la legislación vigente. Sin necesidad de que medie un cambio normativo, estas viviendas ilegales podrían transformarse en escombros de la noche a la mañAna. Aunque la justicia no ha desempeñado hasta ahora un papel muy activo en este sentido, desde distintos foros se sugiere ahora la necesidad de aplicar las leyes con más rigidez para frenar las irregularidades en la edificación residencial. El propio fiscal coordinador de urbanismo y medio ambiente, Antonio vercher, ha asegurado que "es un tema que hay que replantearse y hay que buscar fórmulas que sirvan para que sea aplicable"

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