El ministerio de vivienda ha alcanzado un acuerdo con las diecisiete comunidades autónomas por el que se comprometen a suministrar todos los datos relativos a la vivienda de protección oficial (vpo). Esta información será vital para la gestión del registro de vpo que el gobierno ha puesto en marcha y que se convertirá en una herramienta básica para controlar el fraude en la compraventa de este tipo de viviendas. Los compradores de vpo tendrán que inscribirse en este registro y los promotores inmobiliarios ya no podrán elegir a sus clientes. Este sistema impedirá que una misma unidad familiar resulte adjudicataria con más de una vivienda protegida
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