El éxodo que en los últimos tres años han protagonizado las empresas inmobiliarias españolas a Francia podría tocar a su fin. El gobierno francés estudia endurecer la ley que desde 2003 permite a las empresas inmobiliarias cotizadas beneficiarse de exenciones fiscales. Para ello es necesario cumplir tres condiciones: cotizar en bolsa, distribuir entre los accionistas al menos el 85% de los beneficios de la actividad inmobiliaria y pagar el 50% del impuesto sobre las plusvalías latentes de la empresa. La futura ley podría obligar a los accionistas que tengan más del 10% del capital a pagar el 20% de impuestos sobre los dividendos. Además, ningún accionista podrá controlar más del 60% de una empresa que en Francia disfrute de ese estatus y el flotante mínimo en bolsa deberá alcanzar el 15%. "Los grupos españoles quedarán especialmente penalizados porque la mayoría controla más del 60% de sus filiales, que tendrán que vender", explican en societé générale
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