El diario el país denuncia este fin de semana una problemática que están encontrando algunos vendedores de pisos. El problema reside en el pago del impuesto de transmisiones patrimoniales (itp), que grava la venta de viviendas de segunda mano con un 7%, que va a las arcas de las comunidades autónomas
Resulta que cada región tiene unos valores para cada inmueble para evitar que se declaren ventas de pisos por debajo de sus valores. Así, cada comunidad autónoma cobra el impuesto según ese dato. Cuando la vivienda subía y subía no había problemas porque la operación se cerraba por encima de esa referencia, pero ahora algunos se están encontrando con que la comunidad autónoma le hace pagar más de ese 7% porque dicen que el piso se ha vendido por debajo de ese nivel
En muchos casos no hay intento de fraude, sino una víctima de la crisis inmobiliaria, que hace que el propietario tenga que vender por debajo de ese nivel teórico que figura en los archivos de la comunidad autónoma, pero que después tenga que recibir una liquidación complementaria de impuestos exigiendo la diferencia
El diario el país cita por ejemplo el caso de una vivienda de 90 m2 en Madrid, en la calle Dimas, que se vende por 210.000 euros, pero que la comunidad autónoma dice que tendría que valer 344.520 euros. Si la transacción se cerrase al precio que pide el dueño (210.000 euros) habría que pagar unos impuestos de 14.700 euros, pero según los cálculos de la comunidad autónoma la venta de ese piso debe generar unos ingresos por impuestos de unos 24.000 euros (el 7% de 334.520 euros)
Los notarios consultados aseguran que es injusto cuando no inconstitucional por que va en contra del principio de propocionalidad del pago del impuesto. La solución estaría en que las administraciones fueran más diligentes y actualizasen los precios estimados que figuran en sus bases de datos para que los casos contados con los que se encuentran no se conviertan en algo más general
26 Comentarios:
EStas liquidaciones complementarias del impuesto de transmisiones patrimoniales, son nulas de pleno derecho, porque son realizadas desde la mesa de los técnicos de hacienda desde su mesa con el ordenador.
Se basan en el valor catastral de la finca que se transmite, que se multiplica por un coeficiente que va actualizando cada cierto tiempo la " oficina liquidadora del Registro de la propiedad" de donde se ubica la finca que se trasmite. Este coeficiente si baja el mercado, debe de bajar y no subir, además t-o-d-a tasación realizada sin aportar:
- Visita " in situ" del técnico que firma la tasación.
- Plano-croquis de planta del bien inmueble que se tasa.
- Fotografías de la finca
- Otros
Principalmente, le simple hecho de que no visite "in situ" a su puerta no haya llamado el tasador que firma, es motivo para anular la tasación. Además de que los fundamentos de derecho y de hecho no se cumplen. Hay jurisprudencia de ello.
Lo inprescindible, que para ir a los juzgados tienes que ir con un a-b-o-g-a-d-o y los que yo conozco te cobran el 50% del importe de la "liquidación complementaria" y eso es un atraco a mano armada para el sujeto pasivo del impuesto, que en este caso es el comprador de vivienda de segunda mano. Una gestión que cuesta lo mínimo para hacer a un abogado y sin embargo le cuesta al contribuyente tiempo y mucho dinero, por lo que muchas veces lo dejan estar y pagan el itp.
Hay que localizar bufetes competentes y noooooooooooo bufetes especuladores.
Saludos
¿Desde cuando el itp lo paga el vendedor?. El problema, que es cierto que puede darse, existe, pero lo tiene el comprador, que por ley es el que paga el impuesto de transmisiones. El vendedor también hace cuentas con hacienda, pero sobre el beneficio obtenido.
El problema es que todas las leyes impositivas se han ido estableciendo y modificando hasta el punto de llegar a constituir otra burbuja para cubrir los enormes salarios de la clase alta política.
Está visto que unos pocos se enriquecen a costa de otros, que son menos.
Me parece totalmente fuera de lugar las actualizaciones de valores de inmuebles previstas por las CCAA y por supuesto, no respetan el derecho de la propiedad. Un buen fiscalista las podría llevar a los tribunales por abusivas y otros, y seguro que ganaría y desaparecerían, sino del todo, al menos en la forma que están actualmente impuestas.
Me parece muy fuerte a estas alturas que ustedes sres de "idealista" y los sres. De "El País" todavía no se hayan enterado que el Impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP) es el comprador quién lo paga al adquirir una vivienda y no el vendedor.
Es incongruente la forma de valorar un inmueble por el tasador de la Comunidad Autónoma. Primero: no conoce ni visita el inmueble a tasar (Obligatorio en la Ley de Valoraciones para entidades Financieras ECO) Segundo: no conoce el muestreo de al menos 6 inmuebles de iguales o parecidas circunstancias.
Dígame si la tasación la hace por comparación y no conoce lo que va a tasar, ni con lo que compara, que credibilidad puede tener. En Andalucía ya no valen los coeficientes que publican a primeros de años por cada población para multiplicarlos por los valores catastrales. Sino lo que cree conveniente el tasador y lo que éste esté presionado por la administración. Esto es Señres prevaricación. Inseguridad jurídica. Se están poniendo demandas no contra la Administración sino contra los tasadores de la Administración. Y no digamos el impuesto sobre el incremento del Valor de los terrenos (Antigua Plus Valía) de los Ayuntamientos, imposible vender algo. ¿Especuladores? ¿En donde?
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