Balance huelga general: así recogen 12 portadas de los periódicos los efectos del 29-s

Estos cambios en el despido que introduce la reforma laboral no tienen carácter retroactivo. Afectan solo a los nuevos contratos que se hagan pero no cambian los contratos de trabajo vigentes.

Todos estas condiciones en los contratos son además, como lo han sido siempre, condiciones mínimas. Es ilegal firmar un contrato con menos días de indemnización por año trabajado pero la ley no impide firmar contratos con, por ejemplo, 90 días de indemnización por año trabajado, siempre que trabajador y empresario estén de acuerdo.

Cierto, los otros 8 días por año trabajado los pagaremos entre todos pero no con nuestros impuestos sino en el precio que pagamos por las cosas como consumidores.

Esos 8 días por año trabajado van a pagarse vaciando los fondos del "fogasa" no con fondos procedentes de impuestos.

El "fogasa" es un fondo de garantía privado supervisado por el gobierno. Eso significa que todo el dinero que hay acumulado en el "fogasa" ha sido aportado por las empresas. El gobierno se ha limitado a obligar por ley a las empresas a hacer esas aportaciones pero el estado no ha puesto un céntimo. Las aportaciones que las empresas van haciendo (obligadas por la ley) al fogasa, las repercuten sobre el precio de sus productos y terminan pagándolas los consumidores.

La misión del fogasa es garantizar que los trabajadores recibirán sus indemnizaciones cuando quiebra una empresa. Durante los años que una empresa funciona, la empresa, además de pagar a sus trabajadores el salario cada mes, debería provisionar cierta cantidad para hacer frente a las indemnizaciones a que tendría derecho ese trabajador en caso de ser despedido. Cada mes que un trabajador trabaja en una empresa acumula una indemnización mayor y la empresa debería reservar fondos para hacer frente a esa indemnización. Sin embargo las empresas no suelen reservar esas provisiones.

Cuando una empresa quiebra, cuando es incapaz de hacer frente a los pagos comprometidos, un juez liquida los activos de valor que quedasen en la empresa quebrada y con el dinero obtenido intenta pagar a todos los que tenían derecho a cobrar algo. Los trabajadores que pierden su empleo al quebrar la empresa son acreedores que tienen derecho a cobrar sus indemnizaciones. Si con los fondos obtenidos en la liquidación de la empresa quebrada no hay suficiente para cubrir esas indemnizaciones, entonces el fogasa "fondo de garantía salarial" se hace cargo de lo que falte y garantiza que los trabajadores cobrarán sus indemnizaciones.

La idea es que la ley obliga a cada empresa a depositar en un fondo independiente, el fogasa, parte de la indemnización que cada uno de sus trabajadores se gana cada mes. De esta forma la empresa no tiene la tentación de emplear este dinero en otros pagos y este dinero, al salir fuera del balance de la empresa queda a salvo de las quiebras (los acreedores en una liquidación no pueden reclamar ese dinero porque ese dinero no está en el balance de la empresa).

El gobierno, al decidir vaciar el dinero que se había acumulado en este fondo, está sacrificando esta garantía que protegía a los trabajadores frente a la quiebra de sus empresas y está haciendo un uso indebido de esos fondos.