Las ayudas a la vivienda recogidas en el Plan estatal para cada CCAA, en el ojo del huracán

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) denuncia que los criterios para conceder ayudas a la vivienda del Plan Estatal de la Vivienda están obsoletos. En su opinión, las ayudas al alquiler se reparten con criterios “desconocidos que se fijaron en el año 1992”. Es decir, el actual plan de vivienda no tiene en cuenta la relación que hay entre el porcentaje de distribución de las ayudas establecidas por la Conferencia Sectorial de Vivienda y el peso de la población entre las comunidades autónomas.

Respecto a los criterios para la distribución territorial de los fondos anualmente, se desconocen y permanecen fijos desde 1992, según AIREF. “Si comparamos los porcentajes de distribución de la conferencia sectorial con la variable población que podría ser un criterio relevante a tener en cuenta en el reparto, el peso de la población entre comunidades autónomas ha tenido un comportamiento diferente al de este porcentaje fijo. Si atendemos al número de hogares, que parece una variable que se aproxima más al criterio fijo, también tiene una evolución diferente”.

Por ejemplo, la conferencia sectorial asegura que a Asturias le corresponden el 3,3% de las asignaciones. Sin embargo, en 2017 suponía el 2,6% de los hogares sobre el total de España, mientras que el porcentaje sobre la población era del 2,5%. Justo lo contrario le ocurre a Baleares: se le asigna el 2,4%, mientras que la población supone el 3% y el porcentaje de hogares alcanza el 2,4%.

Según se desprende del informe Spending Review elaborado por AIREF, el 30% de las ayudas a la vivienda lo reciben personas físicas, el 29%, las comunidades de propietarios, mientras que el 17% corresponde a sociedades anónimas o comunidades de bienes.

Además, el organismo critica que hay una falta de debate sobre otros aspectos de la política de vivienda, más allá del reparto de fondos. Derivado del análisis de las últimas actas que se han facilitado para la elaboración de este estudio, se concluye:

− La mayoría de los puntos del orden del día son puramente de gestión (por ejemplo, aprobación del acta de la sesión anterior, distribuciones territoriales de presupuestos, presentaciones de resultados, etc.).

− Los debates sobre el Plan de Vivienda no tratan todas las líneas del plan (política de vivienda, arquitectura y edificación, urbanismos y suelo, y actividades y servicios).

− La planificación estratégica de subvenciones en materia de vivienda no incluye objetivos ni indicadores ni evaluaciones externas complementarias a la publicación de los PES. Se detecta una importante carencia de evaluación de impacto de los planes.

El organismo liderado por José Luis Escrivá asegura que hay cerca de 14.000 millones de euros concedidos en subvenciones que están sujetas a controles de legalidad, pero que no rinden cuentas de en qué se gastan ni son sometidos a procedimientos sancionadores por mal uso.