Las confederaciones hidrográficas del júcar y del segura, dependientes del ministerio de medio ambiente, han informado desfavorablemente sobre los planes urbanísticos de al menos 50 municipios de castellón, Valencia, Alicante, Murcia y Almería. En estos proyectos se ha previsto la recalificación de suelo para levantar 450.000 viviendas en los próximos años, donde podrían vivir más de un millón de personas. Estos informes también han servido para que la eurodiputada janelly fourtou solicitara una moratoria en la construcción en la zona al parlamento europeo, que aprobó por mayoría absoluta la petición. Una reforma legal obliga desde el mes de abril a solicitar un informe a las confederaciones hidrográficas sobre los crecimientos urbanísticos. No obstante estos informes son preceptivos pero no vinculantes. Las constructoras, por su parte, confían en que las desaladoras previstas por medio ambiente resuelvan los problemas de falta de agua
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