El gobierno catalán prevé recaudar en 2002 más de 1.500 millones de euros (250.000 millones de pesetas) por los impuestos que gravan la vivienda. Esta cantidad se debe fundamentalmente al incremento que experimenta el gravamen que se aplica a los documentos notariales, el impuesto sobre actos jurídicos documentados este impuesto era del 0,5% y ahora se duplicará al 1% en el caso de operaciones escrituradas por más de 100.000 euros (16 millones de pesetas). Las viviendas escrituradas entre 60.000 y 100.000 euros (10 y 16 millones de pesetas) pasan a tributar al 0,75% y las formalizadas por una cuantía inferior se mantienen con el 0,5%
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