Los principales ayuntamientos españoles se han anticipado a las caída de ingresos que se derivará de la desaceleración de la actividad constructora y del descenso de demanda de viviendas aprobando subidas prácticamente generalizadas en los impuestos que gestionan y que están relacionados con la vivienda y la construcción. El impuesto sobre bienes inmuebles (ibi) que ya es la principal fuente de financiación de los ayuntamientos y cuya base impositiva está constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles ha sido el principal objeto de estos incrementos en 2007: 35 de las 52 capitales de provincia españolas (el 70%) han incrementado el ibi en el presente ejercicio a través de la revisión del valor catastral de los inmuebles e incluso con la subida de tipos impositivos del tributo
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