Según el concejal de política de suelo y vivienda del ayuntamiento de Barcelona, ferrán Julián, la última ley del suelo aprobada por el gobierno central en 1998 es "liberalizadora al cien por cien" y ha favorecido "el incremento de precios de la vivienda". Para Julián es necesaria una reforma completa de la política de vivienda lo que incluye "desde la ley de expropiaciones hasta la ley de arrendamientos urbanos". Una muestra de que el ayuntamiento no está conforme con la legislación vigente es la reserva de suelo para vivienda protegida. La ley de urbanismo de catalunya obliga a que ésta sea de un 20% como mínimo, una cifra que el concejal considera insuficiente y que la carta municipal de Barcelona establece en el 25% otro punto clave en la reforma de política de vivienda que propugna el ayuntamiento es el alquiler. El concejal considera necesaria una revisión de la ley de arrendamientos urbanos "que dote de seguridad jurídica a los propietarios, pero que a la vez vuelva a aplicar desgravaciones fiscales a los arrendatarios". Para Julián, si la constitución fija el derecho a la vivienda para todos también las desgravaciones fiscales han de ser para las distintas formas de tenencia de la vivienda
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