Los planes de actuación urbanística (pau), que se están desarrollando actualmente en la comunidad de Madrid, nacieron hace siete años como una alternativa para miles de familias que querían disfrutar de una vivienda de calidad a precio asequible sin tener que instalarse a decenas de kilómetros de Madrid. Pero este modelo de desarrollo urbanístico ha desembocado en el mejor de los casos en una interminable espera para poder disfrutar de los pisos y en el peor de los casos, en presuntas estafas. Éste parece ser el caso de la promotora comercializadora peninsular de viviendas (cpv) con 1.200 familias madrileñas perjudicadas por un fraude estimado en unos 30 millones de euros cpv adeuda a los perjudicados una media de 18.000 euros por familia, una cantidad que adelantaron en 1988 a cambio de que la promotora les construyese una casa en alguno de los pau: montecarmelo, las tablas o sanchinarro. Sin embargo, la promotora vendió los terrenos sobre los que estaban proyectadas las viviendas y no devolvió las cantidades avanzadas por sus clientes en un principio los responsables de la empresa dijeron que habían actuado así porque el incremento del precio del suelo había convertido sus planes en inviables. Se estima que desde 1995, el precio de los pau se ha incrementado en algo más de un 30 por ciento. Sin embargo, después se supo que ya en el año 2000 la empresa tenía muy poco suelo y distribuido de forma tan dispersa que, como mucho, hubiera podido construir 50 viviendas. Sin embargo, la empresa esperó a la semana pasada para comunicar a sus clientes que cpv no iba a construir los pisos. En este momento, los tres directivos implicados por presunto fraude han desaparecido y hay una orden de busca y captura contra ellos
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