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El gobierno pretende alquilar pisos a precios inferiores a los del mercado a través de la sociedad pública del alquiler, que próximamente aprobará el consejo de ministros. Esta sociedad, que arrendará directamente los inmuebles privados, tomará la forma jurídica de empresa pública. Su intención es hacerse con un mínimo de 25.000 viviendas en cuatro años para ponerlas en el mercado de alquiler a un precio más bajo de lo que se alquilen en ese momento con el objetivo de atraer a jóvenes o familias que opten por esta vía frente a la compra. El gobierno pretende que cualquier propietario de una casa vacía pueda cederla durante cinco años como máximo a la sociedad pública del alquiler y ésta le garantizará el cobro de la mensualidad. El ejecutivo estudia incluso la posibilidad de pagar por adelantado el periodo de alquiler, de manera que el arrendador podría cobrar de una vez los 5 años de alquiler. A partir de ese momento la sociedad pública del alquiler se ocuparía de arrendarla, correría con todos los gastos de mantenimiento y se ocuparía de que el inquilino pagara el alquiler

Muchas comunidades autónomas han mostrado su rechazo a este plan. "El alquiler es una competencia autonómica y municipal, por lo que el estado debería centrarse en apoyar con nuevos fondos las políticas de vivienda de ayuntamientos y comunidades, que ya tienen sus propias bolsas de alquiler", comenta uno de los directores generales de la vivienda de una región implicada

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