El plazo establecido para estudiar las sugerencias de las comunidades autónomas será aprovechado por el gobierno para concretar el paquete de medidas adicionales que acompañarán a la reforma de la ley del suelo. Entre ellas, destaca el aumento de las garantías jurídicas del arrendador. Según el secretario de estado de infraestructuras, beningno blanco, el objetivo es "aumentar las garantías procesales" de los arrendadores en los casos de impago y de desahucio y para ello será preciso modificar la ley de arrendamientos urbanos de 1995 y, posiblemente, cambiar parte del articulado de la ley de enjuiciamiento civil que lleva un año en vigor. Ésta es una de las principales demandas del sector. La patronal de las grandes sociedades de alquiler, asipa, subraya que hay que poner en marcha mecanismos que agilicen el sistema de juicios rápidos
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