Las irregularidades urbanísticas que han salido a la luz en las últimas semanas (ciempozuelos, navas del marqués, seseña, etc.) ponen de manifiesto que pocos partidos políticos están libres de sospechas. Cerca de un centenar de cargos municipales de diverso signo político, en activo o no, están imputados e implicados en las causas abiertas en los tribunales. La excesiva dependencia que tienen las corporaciones municipales de la financiación a través de recalificaciones de terrenos, en algunos casos, y la falta de escrúpulos de los servidores públicos, en otros, han saturado los juzgados. La fiscalía general de estado reconocía en su memoria de 2005 que el urbanismo "constituye una fuente creciente de criminalidad". Las fiscalías abrieron el año pasado 1.600 diligencias por delitos contra la ordenación del territorio
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