La conselleria de política territorial ha recibido el encargo del govern de elaborar un informe para establecer "criterios de racionalización en el uso del suelo" por parte de los constructores en las zonas consideradas "sensibles" del territorio catalán, aunque el ejecutivo niega que se trate de una moratoria. La medida persigue mantener a raya las construcciones ilegales y aquellas que atenten contra el medio ambiente en las comarcas del pirineo, la costa brava o en las zonas cercanas a los parques naturales o territorios que gocen de protección medioambiental. El nuevo govern también elaborará un plan director para la val d'aran que resuelva los problemas de accesibilidad y movilidad de esta comarca del pirineo
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