Los extranjeros residentes en la Comunidad Valenciana, especialmente en la costa de Alicante, han constituido la asociación 'abusos urbanísticos, no', con la que pretenden defenderse de la aplicación de la ley reguladora de la actividad urbanística valenciana (lrau). Esta ley contempla la figura del agente urbanizador, normalmente constructoras que, con la autorización municipal, proceden a la urbanización de los terrenos para la construcción de viviendas. Cuando las constructoras planean construir en zonas donde ya existen edificiaciones, hay casos en los que les exigen a los propietarios cantidades entre 60.000 y 265.000 euros para hacer frente a la urbanización. Si los propietarios no pagan, el agente puede instar la expropiación muchos de los afectados son ingleses y canadienses. El embajador de gran bretaña en España, peter torry, aseguró que en su país se está transmitiendo la idea de que "no es seguro invertir en la Comunidad Valenciana". El embajador ha recibido cartas de ciudadanos británicos que muestran su preocupación por una ley que autoriza "a una empresa privada con el permiso del ayuntamiento a que pida contribuciones o cesiones de terrenos a los propietarios que ya estaban vivienda en la zona desde hacía años". Esta ley fue aprobada en 1994 y en su momento fue elogiada por su capacidad para liberar terreno
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