Ciento cincuenta y una promotoras de la provincia de málaga fueron expedientadas el año pasado por el servicio de consumo de la junta de Andalucía al vulnerar derechos de los compradores. Todos los casos, menos dos, fueron cerrados y la junta impuso sanciones a los infractores por valor de 1.012.852 euros. El 35% de las quejas se debió a defectos en la información de la venta, casos en los que, por ejemplo, no se indica la fecha de entrega de la vivienda, su memoria de calidades o si la licencia de obra está concedida. Las claúsulas abusivas son otro gran motivo de queja (28% de las reclamaciones), por ejemplo por la subrogación obligatoria de la hipoteca con el banco elegido por el promotor, la imposición de notario o la carga de gastos que corresponden al promotor. Pero quizás los fraudes económicos son los más numerosos. Casi cuatro de cada diez malagueños que se sienten perjudicados al adquirir una vivienda reclaman cuando las calidades son inferiores a las pactadas, hay defectos de contrucción o cambios en la distribución o proporción del piso
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