Las prácticas más oscuras del sector inmobiliario pueden tener los días contados fiscalmente hablando. El consejo de ministros ha dado luz verde al plan de prevención del fraude fiscal que ha puesto en su punto de mira a las grandes fortunas, las tramas de iva y el sector inmobiliario. Entre las medidas que afectan a este sector una de las más novedosas es que el inquilino a partir de ahora deberá identificar a su casero ya que tendrá que incluir en su declaración de la renta el NIF de su arrendador. La finalidad es detectar arrendamientos y comprobar que el arrendador declara lo que gana por este concepto. También se realizará la identificación in situ de viviendas y locales no declarados con el fin de perseguir actividades no declaradas y evitar que no se declaren los inmuebles; otra medida es la identificación de sociedades interpuestas de titulares de viviendas con el objetivo de evitar la compra de inmuebles para blanquear capitales o cometer fraude fiscal usando este tipo de sociedades que ocultan quién está detrás realmente. Además se ha puesto en marcha una prueba piloto de seguimiento de promociones urbanísticas y de comprobación conjunta de promotores y compradores. Se trata de contrastar lo que declaran ambas partes para ver si hay coincidencia de precios y evitar la entrega de dinero negro
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