La consellería de vivienda gallega se ha encontrado con dificultades para que los ayuntamientos le cedan suelo para desarrollar un proyecto piloto dirigido a fomentar el alquiler entre jóvenes y mayores, según la conselleira Teresa táboas, que afirmó que "cuando empezamos a mirar descubrimos que ningún suelo está disponible". Para evitar este tipo de casos la consellería incluirá una serie de reformas en la ley del suelo que el parlamento gallego pretende aprobar antes de final de año, entre las que se incluirán una ampliación del porcentaje mínimo de terreno reservado a vivienda protegida, en concreto del 30% en los ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes y de un 40% en municipios que superen ese límite de población. Táboas aseguró que los promotores deberán construir los inmuebles protegidos -el 5% del suelo residencial deberá estar destinado a este tipo de construcciones- al mismo tiempo que construyen pisos con precio libre
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