Se confirma la opción del gobierno para ayudar las promotoras. La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha anunciado que realizará una primera oferta de suelo público en octubre por valor de 300 millones de euros ampliables. Esta línea de actuación tendrá una vigencia de cuatro años y se llevará a cabo a través de la entidad pública de suelo, SEPES
El proceso de compra se basará en la presentación de ofertas en octubre y el concurso durará tres meses. Las ofertas serán evaluadas por una comisión en la que comunidades autónomas y ayuntamientos tendrán un papel protagonista. Será con las CCAA y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con quienes se consensúen los criterios de selección que determinarán los futuros espacios a adquirir por parte del Ejecutivo
Corredor avanzó que en este proceso se dará prioridad a aquellos suelos que permitan una transformación inmediata para la construcción de VPO situados en territorios con mayor demanda
De esta manera, tras el plazo de selección, que se producirá entre octubre y diciembre, el Gobierno se reservará una opción de compra para los suelos escogidos de seis meses. En ese periodo, realizará un estudio sobre la viabilidad económica de la operación. Sobre el precio de compra, la ministra explicó que dependerá de la ubicación del suelo y de sus características, si bien dejó claro que siempre estará en función del precio de la VPO.
Al término del plazo de las ofertas, SEPES dispondrá durante seis meses del derecho de compra de todos los suelos presentados a concurso, de tal forma que pueda contar con el tiempo suficiente para evaluar los terrenos conforme a sus características y a las necesidades de los ciudadanos. Según explicó la ministra, la oferta inicial de 300 millones podría ampliarse, aunque la cuantía exacta no se decidirá hasta que se vea la acogida del concurso, si bien la intención del Gobierno es que esta iniciativa tenga carácter anual
¿Ayuda encubierta a las promotoras?
La ministra negó que la compra de suelo privado se lleve a cabo para ayudar a los promotores inmobiliarios en dificultades y afirmó que se trata de una medida estructural con la que se pretende avanzar hacia un mercado inmobiliario más sostenible
En este sentido, dijo que la función del Gobierno no es impedir el ajuste del mercado, sino garantizar el derecho a una vivienda, razón por la que no se tomarán medidas que den continuidad al modelo de mercado de la última década
El vicepresidente económico y ministro de Economía, Pedro Solbes, se adelantó al anuncio señalando horas antes que si esta actuación se llevara a cabo sería para cubrir las necesidades del Ejecutivo y desarrollar políticas de Estado, pero no para ayudar a las empresas privadas
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