Las cosas de la ministra

El año 2005 debía ser el de la consolidación del ministerio de vivienda pero al final son más conocidas "las cosas de la ministra" que las soluciones aportadas por su ministerio. Maria Antonia trujillo ha sacado adelante una batería de medidas, incluidas en su plan de vivienda 2005 2008 y la sociedad pública de alquiler. El plan fue motivo de fuertes discrepancias con las comunidades autónomas, lo que forzó a rebajar notablemente las pretensiones iniciales. Al final, fue aprobado por el consejo de ministros en julio con una dotación presupuestaria de 6.800 millones de euros. Con el plan se pretende facilitar el acceso a una vivienda a 180.000 familias. Una de las grandes novedades del plan es la creación de una nueva categoría de vivienda protegida para las rentas medias de hasta 42.750 euros anuales. También fue muy comentado el anuncio por parte de María Antonia trujillo de la posible reducción del mínimo de metros cuadrados necesarios para que una vivienda pudiera tener la clasificación de protegida. Se habló de reducirlas hasta los 25 metros, "adecuadas a cada ciclo vital de las personas". La idea no era tan descabellada, si se piensa en un mercado de vivienda pública de alquiler destinada únicamente a jóvenes pero la falta de una buena comunicación del proyecto hizo que acabara siendo motivo de mofa

También fue polémico el borrador de la nueva ley de suelo, sobre todo en lo que se refería a la posibilidad de expropiación de las viviendas vacías por parte del estado. La ministra tuvo que salir al paso para asegurar que la única posibilidad era la de expropiar suelo, como en la ley anterior. "España ni expropia ni expropiará pisos vacíos, sino que ha adoptado como medida una subvención de 6.000 euros destinada a propietarios para que saquen sus viviendas al mercado del alquiler", se aseguraba desde el ministerio. Pero lo cierto es que la otra niña bonita de María Antonia trujillo, la sociedad pública de alquiler (spa) no ha dado, a corto plazo, los resultados deseados. Chocó de bruces con la oposición de las comunidades autónomas y la oposición, que consideraban la agencia "un despilfarro", además de solaparse con servicios similares que algunas comunidades como Madrid, País Vasco o catalunya tienen en marcha. La spa presenta unas pérdidas de 6,8 millones de euros durante 2006 por gestionar 1.200 contratos de arrendamiento. En sus dos primeras semanas de vida cerró dos contratos y en los últimos meses se ha negado a dar ningún dato sobre sus resultados