La mayor parte de las inmobiliarias españolas están impulsando que los conflictos en los contratos de alquiler se resuelvan a través del arbitraje. Los promotores apoyan la iniciativa de la corte de arbitraje económico de derecho y equidad de lanzar un plan nacional de alquiler garantizado (pnag) que asegure a los arrendadores el pago de las mensualidades y el desalojo de los inquilinos si dejan de abonar sus cuotas. Además también se protegería al arrendatario ya que el sistema configura un precio para el alquiler y ofrece una cobertura jurídica ante posibles abusos. De hecho, más de 12.000 propietarios de toda España han puesto ya en alquiler sus inmuebles a través del pnag. El sistema es sencillo: arrendador y arrendatario se comprometen a no emplear la vía judicial para solucionar cualquier contencioso, recurriendo al arbitraje mediante la firma de unas garantías, que tienen un coste de 42 euros. Al mismo tiempo, se ha puesto en marcha un registro de arrendatarios morosos sentenciados (reamse), creado por alberca abogados, en el que están recogidas más de 1.500 sentencias firmes de condena de arrendatarios por falta de pago correspondientes a los últimos cinco años
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