Las medidas "confiscatorias" planteadas por comunidades como Cataluña o el País Vasco para fomentar el alquiler han metido el miedo en el cuerpo a los propietarios de esos tres millones de viviendas vacías que, según el ine, hay en España. Ese miedo parece haberles impulsado a lanzarse en brazos de iniciativas que les garanticen el cobro de su renta y asesoramiento legal y arbitraje en caso de conflictos con sus inquilinos. Es el caso de la sociedad pública de alquiler, que ha intermediado unos 3.000 contratos de arrendamiento desde su puesta en marcha el 15 de octubre de 2005, de los cuales casi 1.000 fueron firmados en los dos primeros meses de 2007, según datos del ministerio de vivienda
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