Los defensores del pueblo de toda España han solicitado a las distintas administraciones que intervengan en el mercado del suelo para abaratar su precio y procurar que se cumpla el derecho constitucional de una vivienda digna y asequible. También han exigido que los patrimonios públicos de suelo se adjudiquen mediante concurso y se destinen al alquiler o la vivienda de protección oficial
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