Las últimas reformas legislativas de Andalucía en materia urbanística y los promotores inmobiliarios que operan en la región han pasado a ser un matrimonio mal avenido. Hasta el punto de que sobrevuela la amenaza del divorcio. Los empresarios andaluces dan muestras de su incertidumbre. "Estamos absolutamente convencidos de que la inversión va a huir: las compañías asumen riesgos económicos, pero no pueden correr riesgos políticos y jurídicos" argumenta Francisco Javier de aspe, presidente de la federación andaluza de promotores inmobiliarios. La consejera de obras públicas y transportes de la junta de Andalucía, concepción Gutiérrez del castillo, trata de calmar los ánimos asegurando que la actividad administrativa en la región sigue su curso normal, aunque reconoce que se está actuando con más rigor. "Mientras no se clarifique la situación, hemos congelado nuestras decisiones de inversión", aclara Rafael santamaría, presidente de la asociación de promotores inmobiliarios de Madrid (asprima) y vicepresidente de la asociación de promotores constructores de España (apce)
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