Los adjudicatarios de una vivienda de protección oficial (vpo) en Andalucía tienen más limitaciones a la hora de vender o permutar el inmueble que habitan tras aprobarse una orden que obliga al usuario de este tipo de casa subvencionada a comunicar cualquier intento de transacción. El gobierno andaluz tiene ahora facultad plena para ejercer los derechos de tanteo y retracto en las promociones de vpo construidas antes de 1992, y en todo caso controlará el precio final de venta. El reglamento obliga también a notarios y registradores a comunicar cualquier transacción que se realice con viviendas protegidas. En caso de la que la junta de Andalucía decidiera ejercer su derecho de retracto pagaría como máximo el doble de la cantidad entregada por el propietario en su día y la vivienda se introducirá en el siguiente sorteo que se realice en cada provincia para que sea vendida a un nuevo aspirante que cumpla las condiciones para acceder a una vpo
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