El gobierno ha decidido dar la posibilidad a los gobiernos ejecutivos autonómicos de Madrid y Cataluña de elevar en un 60% el precio máximo de venta de las viviendas de protección oficial (vpo) de nueva edificación en sus capitales, con el objetivo de garantizar a los promotores y constructoras la rentabilidad de este tipo de inmuebles, ante la actual coyuntura de costes y la estructura de precios que existe en el mercado nacional de vivienda libre. Así se desprende de la orden ministerial preparada por el departamento que dirige María Antonia trujilllo, que abre la puerta a un total de 64 ciudades españolas para aprobar el citado incremento del precio de la vivienda protegida. Para ello se han fijado tres categorías de localidades, en función de las características de sus mercados inmobiliarios y que se diferencian por el incremento máximo a aplicar sobre el precio básico de vpo
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