La llamada policía urbanística del litoral, oficinas de la consejería de obras públicas y transportes abiertas en la costa en 2001 para velar por la legalidad, abrió un total de 726 expedientes sancionadores durante 2004 y 2005 e impugnó 320 acuerdos municipales. El ochenta por ciento de estos expedientes se referían a actuaciones urbanísticas en málaga y cádiz. Sólo en marbella se rechazaron 194 acuerdos del ayuntamiento y se tramitaron 331 expedientes sancionadores de los 430 de la provincia malagueña. La consejera de obras públicas, concepción Gutiérrez, anunció que su departamento va a poner en marcha un cuerpo especial de inspección urbanística y territorial, que dé respuestas inmediatas a las infracciones urbanísticas. Respecto a marbella, Gutiérrez afirmó que "es el único municipio que se dedica sistemáticamente a dar licencias ilegales y que ante una sentencia trata de obviarla"
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