Docenas de familias británicas que viven en España verán sus casas derribadas después de haber comprado viviendas que fueron construidas de forma ilegal. Al menos 20 familias británicas temen perder sus viviendas y los ahorros de toda una vida. La creciente demanda de viviendas para segunda residencia y para la jubilación de ciudadanos británicos en España ha ayudado a agrandar una epidemia de construcción ilegal en la costa española. Solamente en la provincia de Alicante hay unas 150.000 viviendas ilegales, construidas sobre terreno rústico según el departamento del territorio de la provincia. Los británicos que ahora ven amenazadas sus casas compraron las viviendas a la empresa prever 2002 project, gestionada por belgas, en los municipios de la Marina y elche. Un arquitecto español, consultado por the times, asegura que prever 2002 no podría haber pasado dos años edificando viviendas sobre terreno rústico si alguien en el ayuntamiento de elche no fuera muy incompetente o hubiera sido sobornado. José Manuel Sánchez, concejal de elche responsable de las infracciones urbanísticas, niega ninguna mala práctica. "Tratamos de impedir que se construyeran esas viviendas desde el principio", asegura. Nicolas hellebuick, director de Prever 2002, afirmó que la empresa había mantenido "una relación muy buena" con la concejalía de urbanismo de Elche. "Las cosas se estropearon cuando cambiaron el personal del departamento", aseguró
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