El polémico recargo del 50% para las viviendas desocupadas en el impuesto de bienes inmuebles (ibi) corre el riesgo de no poder aplicarse desde el 1 de enero de 2004, tal y como está previsto en los presupuestos municipales de Barcelona, Madrid o Sevilla, entre otras ciudades. La razón es que los ayuntamientos deben primero saber qué se entiende fiscalmente por vivienda desocupada, una cuestión que a día de hoy no está resuelta legalmente. Entre los problemas detectados destacan cómo establecer que un inmueble se encuentra vacío durante doce meses, si es preciso incluir bajo este concepto a la denominada segunda vivienda o si es suficiente con la medición de los consumos de energía o agua
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