El Congreso aprueba la autoridad para gestionar las reclamaciones entre bancos y clientes

El Congreso de los Diputados ha aprobado por mayoría absoluta la creación de la nueva Autoridad del Cliente Financiero, una nueva agencia de supervisión que unificará los criterios para gestionar las reclamaciones entre clientes y entidades bancarias.

Tal como se esperaba, el proyecto de ley ha sido respaldado con una holgada mayoría de 186 votos a favor. Sólo ha votado en contra Vox, mientras que PP y Junts se han abstenido y el resto de grupos han votado a favor, como sucedió en la votación de la Comisión económica. Ahora el texto pasa al Senado para continuar con los mismos procedimientos que en la Cámara Baja. De añadirse nuevas enmiendas en la Cámara Alta, el proyecto retornaría a la carrera de San Jerónimo para ser refrendado de manera definitiva.

El secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García Andrés, ha acudido al Congreso con motivo de la votación del proyecto de ley y ha aprovechado para celebrar su aprobación, porque dice que se trata de un organismo "muy esperado" y que ha conllevado "mucho trabajo" con diferentes ministerios, la industria y asociaciones de clientes financieros.

"Por primera vez los clientes van a tener la posibilidad de obtener una resolución de sus reclamaciones de sus hipotecas, de productos de ahorro para las aseguradoras de manera gratuita y rápida", ha apostillado.

Los bancos pagarán una tasa anual

La modificación más relevante, y que era la que más escollos levantó en la propuesta inicial, era la tasa con la que se financiaría este nuevo organismo. En un principio, el Gobierno proponía una tasa fija de 250 euros que los bancos tendrían que pagar cada vez que la Autoridad admitiera a trámite una reclamación de un cliente. Esta idea fue rechazada por varios grupos parlamentarios y también por el sector bancario.

Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Económicos se abrió a negociar la financiación del ente, de modo que la fórmula final es bastante diferente al planteamiento original. Así, varios grupos llegaron a un acuerdo mediante una enmienda transaccional para aplicar un nuevo sistema que premie a los bancos que más acuerdos alcancen con sus clientes y castigue más a aquellos que menos cumplan.

La nueva idea, que ya se incluyó en el informe de la Ponencia, ya no será exigir 250 euros por reclamación, sino que la Autoridad Financiera cobrará una tasa anual que variará en función de la entidad y los acuerdos alcanzados.

Enmienda sobre morosidad 

El proyecto de ley no sólo regula la creación de este nuevo ente. También incluye otras modificaciones legislativas relativas al funcionamiento de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y en materia de subvenciones. Sobre este último punto se introdujo a última hora una enmienda para permitir a empresas morosas participar en subvenciones por encima de los 30.000 euros con cargo a los fondos europeos.

En concreto, se trata de una nueva disposición que modifica la Ley 38/2003 General de Subvenciones para permitir a empresas emprendedoras acogerse a las ayudas desplegadas en el marco del último decreto anticrisis, aprobado en diciembre de 2022. Eso sí, se hará una revisión a los seis meses y si la empresa no está al corriente de pago le será exigible el cobro efectivo de la subvención de forma íntegra.

No fue este el único cambio introducido en comisión. También se incluyó una nueva fórmula para flexibilizar la forma de financiación de los proyectos elegidos en el marco de las ayudas del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica de Microelectrónica y Semiconductores, el conocido como Perte Chip.

Por otro lado, se incluyeron modificaciones relativas a garantizar una mejor atención en los bancos a personas con discapacidad y un mayor castigo en forma de multas para aquellas reclamaciones que se presenten con mala fe.

Una perversión del proceso legislativo, según el PP

A pesar del tono de consenso en el hemiciclo, Miguel Ángel Castellón, del PP, ha criticado haber tramitado el proyecto de ley mediante el procedimiento de urgencia, que reduce los tiempos a la mitad. Incluso ha acusado de "perversión" del proceso legislativo, al incluir enmiendas, dice el diputado, enmiendas que "nada tienen que ver" con el proyecto en sí.

Esto lo ha dicho en buena medida por la enmienda introducida a última hora para flexibilizar el acceso al Perte Chip. Pese a ello, ha reconocido que el texto que se debate en Pleno "es mejor" que el que llegó a la Cámara y por eso ha avanzado la abstención de su grupo, al igual que hicieron ya en comisión.

Vox ha sido el único grupo que se opone a la creación del organismo. Eso sí, el portavoz en la comisión de Asuntos Económicos del grupo, Rubén Manso, ha reconocido que la agencia va a descongestionar "mucho" los tribunales al eliminar el doble orden jurisdiccional y civil que se recogía en el texto inicial.

No obstante, ha enfatizado que "no es necesario crear una nueva institución ni un organismo público nuevo" cada vez que hay problema. También ha advertido de los posibles riesgos que puede implicar el nuevo sistema de financiación. Básicamente, ha dicho que si la financiación del organismo vendrán en mayor parte de las entidades que peor se porten, se acabará fomentando la conflictividad jurídica.

Fedea pone en duda su utilidad

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha puesto en duda la utilidad de la futura Autoridad de Defensa del Cliente Financiero como vía para resolver los conflictos de los ciudadanos con entidades que prestan servicios financieros, centralizando así los servicios de reclamaciones que actualmente están a cargo de Banco de España, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

"Antes de crear otra burocracia con funciones parajudiciales convendría haber revisado la organización del sistema judicial propiamente dicho (...), con vistas a mejorar su eficacia en la resolución de conflictos, máxime al considerar que añadir una nueva instancia de resolución alternativa de conflictos (...) puede tener efectos complejos y contraintuitivos sobre la frecuencia, tanto de la litigación como del acuerdo voluntario entre las partes", ha indicado el catedrático de la Universidad Pompeu Fabra, Benito Arruñada, en la nota que ha publicado Fedea.

Según el catedrático, las empresas tienen incentivos a mantener su reputación, por lo que ,"generalmente", tenderán a no explotar a sus clientes a pesar de estar en posición de hacerlo. Así, una solución más eficiente es elevar la competencia de los mercados, para evitar que se puedan producir estos posibles abusos.

Federa considera "ilusorio" que se pretenda resolver los problemas del sector público creando nuevos órganos que reproducen la estructura organizativa de los órganos ya existentes, basada en una "burocracia funcionarial", sin intentar la reforma de estos últimos.

Así, el catedrático ha criticado que la propuesta mantenga la vigilancia de la solvencia en Banco de España, CNMV y Dirección General de Seguros al tiempo que se centraliza la supervisión de la conducta en un órgano de nueva creación. "Esta solución puede acabar padeciendo los vicios de captura, descoordinación y deseconomías de escala", ha afirmado.

Fedea considera "preferible" que la supervisión prudencial de la solvencia estuviera encomendada al Banco de España y la CNMV se encargara de todo lo relacionado con la conducta, en ambos casos para todo tipo de entidades financieras.