Por qué siguen subiendo los precios de los alimentos (y no es por la energía)

Cuando la derecha se pone a jugar a las izquierdas mete la pata irremediablemente. Ya nos pasó con Cristóbal Montoro cuando se dedicó a subir impuestos como un loco en 2012, amén de nacionalizar la mitad del sistema financiero español (cajas de ahorro), medidas que cualquier ideólogo comunista habría aplaudido sin parar.

Pues bien, los asesores del Sr. Feijóo debieron de estudiar en esa cátedra de Hacienda Pública que ocupó el Sr. Montoro en la Universidad de Cantabria durante cinco días (Revilla, dixit), y le han recomendado que promueva la entrega de cheques y la rebaja del IVA en los productos alimenticios para controlar la inflación. El Sr. Sánchez, atento como siempre a los errores del contrario, ha asumido esta medida como un anuncio preelectoral que espera le traiga pingües beneficios en las próximas citas, en particular en la del mes de mayo.

No es la primera vez que el Sr. Feijóo propone la entrega de cheques; ya lo hizo al pedir que se entregara un cheque de 200€ a cada estudiante al inicio del presente curso, para contrarrestar la aprobación por parte del Sr. Sánchez de los 400€ por joven para temas de ocio cultural. Como todo se paga emitiendo deuda pública que pagarán no ya nuestros hijos, sino nuestros nietos, pues da un poco lo mismo.

Y mientras tanto, la inflación alimentaria ha llevado los precios de algunos productos de primera necesidad hasta niveles desconocidos en los mercados en las últimas décadas. Y en vez de atacar este problema en su raíz, el Sr. Sánchez se descuelga con un nuevo cheque de 200€ mientras que el Sr. Feijóo, a través de su portavoz, la Sra. Gamarra, dice que es insuficiente, que hay que incrementar ese importe.

En medio de esta guerra de aguinaldos, promovida por el populismo institucional de políticos a los que nunca se les otorgará el premio Nobel, lo que tenemos que hacer es atacar los problemas donde se generan y no poner tiritas en las heridas. Si bien es cierto que la escalada de los precios de la energía ha provocado un aumento de costes en empresarios y autónomos, también lo es que sólo supone una parte de los costes (los laborales sólo han subido un 2,5% en media) y que en las últimas semanas los costes del gas y de la electricidad han disminuido notoriamente respecto de meses pasados, por lo que la pregunta que subyace es: ¿por qué siguen subiendo los precios de los alimentos?

Los incrementos desde junio de 2021 hasta noviembre de 2022 (evitamos diciembre que es claramente atípico) de algunos de ellos han sido los siguientes:

¿Realmente cuesta ahora producir azúcar un 50% más que el año pasado, o un 40% harina, o un 37% la leche, o un 40% el aceite? El sentido común nos dice que no es así; simplemente hay poderes fácticos que están aprovechando la oportunidad, dada la estructura oligopolística de la cadena alimentaria.

El problema no es nuevo. Hace unos años me encargaron la realización de una auditoría de una bodega en la Rioja Alavesa. Después de analizar la contabilidad y la cadena de producción llegué a la conclusión de que una botella de Rioja Reserva tenía un coste de 1,85€ euros para la bodega, la cual la vendía al distribuidor principal a 2,40€, con un beneficio razonable. Pero el distribuidor principal la revendía a los distribuidores secundarios a 5,50€ la botella, y estos la distribuían a las tiendas de venta al público a precios entre 8€ y 9€, siendo el precio para el consumidor en dichas tiendas de entre 12 y 13€, mientras que, si se vendía a los restaurantes, estos subían el precio hasta los 18€ o 20€ (y en algunos de ellos si llevas tú la botella te cobran entre 4€ y 8€ por el “descorche”).

Por tanto, en un producto como el vino, se multiplica el precio por más de cinco en la tienda y por ocho veces en el restaurante. El valor añadido por los sucesivos intermediarios es escaso (transporte, almacenaje, etc.), pero el consumidor tiene que satisfacerlo si quiere beber vino a un precio que ya hemos asumido como estándar.

Pongamos ahora el caso de las sandías que se cultivan en Toledo. Pocos productos tienen menos elaboración que esta fruta. Simplemente se cargan en un camión, por ejemplo, con capacidad para 500 sandías, y se recorre en una hora el trayecto desde Toledo a Merca Madrid. De ahí, se reparten en furgonetas a la red de fruterías de la capital. No hay embalajes, ni riesgo de deterioro del producto; sólo se transportan. Pues bien, este verano al agricultor se le pagaba el kilo de sandía a 0,25€, mientras que en las tiendas de Madrid se vendía la sandía a 2,35€ el kilo, es decir, casi diez veces más que lo que se pagaba al productor.

Puede que haya productos que, como la fresa o la frambuesa sean más delicados y necesiten embalajes o cuidados adicionales, pero sandías, melones, patatas, cebollas, etc., no lo necesitan y, sin embargo, suben de la misma manera, debido específicamente a la falta de competencia en materia de precios y a que determinadas organizaciones se han especializado en la distribución de productos y dominan completamente el espectro logístico de dichos productos: o les compras a ellos o no vendes.

Hace años acompañé a un amigo que tenía un frigorífico en Mercamadrid y pasamos a comprar carne a una de las zonas de esta instalación. Lo primero que me sorprendió fue ver dos Ferrari Testarrosa en la puerta de aquel distribuidor de carne. Mi amigo me comentó que eran los coches de los dos hermanos propietarios de la instalación. Lo segundo que me sorprendió es que había en el interior una tienda de venta al público con bastante gente comprando. La pregunta obvia fue que cómo los particulares podían comprar carne en directo a un distribuidor mayorista y en unas instalaciones del sector público (51,13% Ayuntamiento de Madrid y 48,63% empresa pública MERCASA). Mi amigo se encogió de hombros, pero el espectro de la corrupción latía en el ambiente, y la exhibición de signos externos plasmada en coches de alta cilindrada no hacía más que dejar constancia de los enormes márgenes que se dan en estos oligopolios alimentarios.

Bien, ya conocemos el problema. Falta aportar soluciones. En toda esta historia hay dos paganos, los productores y los consumidores. Estos últimos son convidados de piedra, salvo los cuidados paliativos de un gobierno populista que les reparte cheques de vez en cuando a los denominados “más vulnerables” (algo así como el “pan y toros” de la época franquista”). Por tanto, hay que actuar desde el lado de los productores. ¿Qué puede hacer el Gobierno? Muy sencillo, establecer una red de distribución pública que permita que los productos alimenticios lleguen a los consumidores sin que los intermediarios hagan el agosto con sus “mordidas”.

Si Amazon en pocos años ha conseguido una red logística envidiable de distribución, no veo por qué el Estado, con todos sus medios, no puede establecer una plataforma, a la que podríamos denominar Red Alimentaria de España, que permita la distribución de alimentos por todo el país, similar a la que, por ejemplo, existe con Red Eléctrica de España. Los operadores son privados pero la arquitectura es pública. Un acuerdo general con todos los productores de España con un esquema cooperativista permitiría un aumento generalizado del precio que se paga a los productores y un abaratamiento histórico del precio que pagamos los consumidores.

Los cooperativistas agrícolas y ganaderos tendrían estabilidad en los precios, un modelo de distribución preestablecido y un modelo de negociación mayorista en el que no serían convidados de piedra ante los “únicos” que les pueden comprar su producto. Un procedimiento de contratación electrónica tipo “lonja” permitiría una competencia adecuada entre compradores y una publicidad de las transacciones permitiría que por fin fueran transparentes los precios de los alimentos en función de su cantidad y calidad. Las tiendas finalistas podrían operar en dicha plataforma sabiendo que el coste añadido de transporte sería fijo y predeterminado, y los plazos de entrega estarían garantizados por la Red Alimentaria.

De esta forma, no serían necesarios los cheques y todos los españoles (no solo los denominados “no vulnerables”) podríamos pagar un precio justo por una de nuestras necesidades más vitales, la alimentación.

Si no atacamos de una vez este problema, igual que los oligopolistas han subido los precios de un producto un 35% ¿por qué no lo van a subir un 40%? Un oligopolio maneja los precios; con ellos no valen las medidas ortodoxas de política económica y esa rebaja del IVA simplemente se subsumirá en mayores beneficios para los “señores” de la distribución.

Por último, pedirle al Sr. Feijóo que no se deje tentar por el populismo barato de su oponente. Es necesario realizar una política seria en materia alimentaria. Los mercados son buenos cuando funcionan, es decir, cuando hay una competencia sana. Cuando se transforman en oligopolios que permiten forrarse a unos cuantos, lo que hay que hacer es combatirlos y dinamitar esas estructuras pseudo mafiosas que hacen tanto daño a tanta gente.