Alquiler sumergido

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) avanza en su cruzada para defender el éxito cosechado por la Ley de Vivienda para dar estabilidad al mercado del alquiler. El último argumento es que en 2023, coincidiendo que la normativa llegó al mercado, se produjo un aumento de la oferta de viviendas alquiladas del 4,9%, basándose en los rendimientos que declaran los arrendadores particulares en su renta. Pero lo que no menciona es que el número de alquileres declarados lleva creciendo de forma ininterrumpida desde hace años, coincidiendo con las campañas de la Agencia Tributaria para aflorar alquileres sumergidos Desde 2015, el volumen de declaraciones se ha incrementado en un millón en el conjunto de España.

La Agencia Negociadora del Alquiler se suma a la propuesta de la Catedrática de Derecho Civil Matilde Cuena Casas de modificar la libertad de forma del contrato de alquiler que contempla el artículo 37 de la Ley de Arrendamientos Urbanos con el fin de impedir que un documento falso sea suficiente como para que un juez paralice un desalojo. Y propone una medida más: que los arrendadores deban acreditar su condición en los registros públicos de las CCAA para poder inscribir el contrato de arrendamiento, lo que supondría una herramienta muy eficaz para que los jueces puedan poder actuar rápidamente y desalojar a los okupas que presentan contratos simulados y, a la vez, permitiría aflorar arrendamientos sumergidos, según ANA.

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) aseguran que en los últimos años se ha reducido con fuerza el número de arrendamientos sumergidos en España gracias, entre otros factores, a la obligación de los propietarios de incluir el NIF de su inquilino en la declaración de la renta, a las comprobaciones que realiza la Agencia Tributaria o a la información de consumo que proporcionan las eléctricas. A pesar de ello, el 40,8% de los arrendamientos se paga en negro, lo que se traduce en 1,28 millones. No obstante, Gestha cree que la crisis del coronavirus reducirá los fraudes tanto en el alquiler como en las compraventas de viviendas.