El Gobierno ha puesto en marcha una reforma clave de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) que busca frenar el aumento del alquiler de temporada, exigiendo pruebas de causalidad para este tipo de contratos y promoviendo una Ventanilla Única Digital de Arrendamientos. Con estas medidas, pretende aumentar la oferta de vivienda asequible y estabilizar los precios del alquiler tradicional. Sin embargo, expertos del sector alertan de que los cambios podrían generar el efecto contrario, reduciendo la oferta y encareciendo el acceso a la vivienda. Proponen, en su lugar, incentivos fiscales para propietarios, mayor seguridad jurídica, rehabilitación de viviendas vacías y subsidios para construir vivienda asequible como soluciones más efectivas para hacer frente a la crisis de vivienda.