Ley de protección de datos

Los establecimientos turísticos deben registrar la identidad de sus huéspedes, pero ¿hasta dónde puede llegar esa obligación? ¿Puede un hotel fotocopiar el DNI o el pasaporte del cliente? La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha publicado esta semana una nota aclaratoria que resuelve una de las dudas más frecuentes del sector y pone el foco en el equilibrio entre la seguridad ciudadana y la protección de datos personales.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha sancionado a una comunidad de propietarios por instalar un sistema de videovigilancia con cámaras orientadas a la vía pública, sin contar con autorización administrativa previa. Además, tenía acceso a las imágenes personal no autorizado. Por ello, la AEPD ha impuesto una sanción de 1.000 euros a la comunidad que, finalmente, ha pagado 600 euros por reconocer la responsabilidad.

Hoy en día se pueden encontrar cámaras de seguridad de videovigilancia con capacidad de grabar o de ver en directo por poco dinero. Pero en una comunidad de propietarios, la instalación de sistemas de videovigilancia en espacios compartidos, como pueden ser pasillos, patios o plazas de garaje, requiere obligatoriamente del consentimiento de la junta de propietarios. Por tanto, todo aquel que desee instalar cámaras en su fachada que puedan captar imágenes de zonas comunes debe obtener previamente el acuerdo de sus vecinos. 

Publicar o exponer datos personales de los vecinos en lugares de acceso público del edificio tiene sus consecuencias. Hasta el momento, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) había apercibido, pero no sancionado, esta conducta ilícita. Pero ahora ha impuesto a dos comunidades de propietarios sendas multas, de 15.000 y 10.000 euros, respectivamente, por vulnerar el deber de confidencialidad de los datos personales.

El próximo 25 de mayo entra en vigor el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y las empresas del sector inmobiliario que prestan servicios on line se verán afectadas por esta nueva norma. Deberán informar a los clientes de cómo y para qué se van a usar sus datos para cada una de las finalidades que se persigan (publicidad, acciones de marketing, etc.) y contar con su consentimiento expreso e inequívoco. Ya no vale el consentimiento tácito, tal y como recuerda Cristina Bonal, abogada de Life Abogados.

Más de 4.500 personas y sociedades deben más de un millón de euros a la Hacienda española en 2016, según la tercera ola de la lista de deudores que ofrece el ministerio dirigido por Cristóbal Montoro.

Un dictamen del supervisor europeo para la protección de datos pone en entredicho la legalidad de las iniciativas de gobiernos como el de sarkozy o Rodríguez zapatero para combatir ciertas violaciones del derecho sobre la propiedad intelectual en el terreno de Internet Peter hustinx, supervisor eur