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El tribunal de Justicia de Madrid anula la reforma del Santiago Bernabéu
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La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que fue aprobado por el Consistorio madrileño en 2012. La sentencia, que es recurrible ante el Supremo, expone que se ha producido una vulneración de la ley regional del Suelo y de las normas del PGOU porque, entre otras cuestiones, pretende un canje en la titularidad de diversas parcelas públicas y privadas alejadas entre sí más de siete kilómetros.

El proyecto diseñado por el presidente del Real Madrid contemplaba la ampliación del estadio y la construcción de un complejo comercial y hotelero en la fachada próxima al paseo de la Castellana.

La historia se remonta a 1991, cuando el Real Madrid acordó con el Ayuntamiento construir un aparcamiento junto al estadio. No lo llegó a hacer, y pasó así a deber al gobierno local 2,8 millones de euros. En 1998, en otra operación diferente, el club pactó un canje de terrenos con el Ayuntamiento: le cedió una parcela en la antigua Ciudad Deportiva (valorada en 13,5 millones) y recibió cuatro terrenos en la calle de Julián Camarillo (13 millones) y otro en Las Tablas (488.000 euros), informa el diario El País.

Sin embargo, el traspaso de este último no llegó a cerrarse porque su uso deportivo público impedía la cesión. El Ayuntamiento y el club firmaron un convenio el 29 de julio de 2011 para atar todos estos cabos sueltos, pero para entonces la finca de Las Tablas ya estaba tasada en 22,7 millones de euros.

Para compensar ese aumento de valor, el Ayuntamiento entregó al club cuatro terrenos en la calle de Mercedes Arteaga (valorados en 4,4 millones); una finca en Valdebebas (8,7 millones); y una franja de tres metros de ancho alrededor del Santiago Bernabéu, donde ya se levantaban los pilares y contrafuertes del estadio (6,9 millones). Los 2,8 millones que faltaban para cuadrar las cuentas son los que corresponden a la deuda de 1991 por aquel aparcamiento.

Ese convenio de 2011 fue recurrido ante la justicia, y además es objeto de una investigación de la Comisión Europea, que entiende que pudo tratarse de una ayuda pública del Ayuntamiento al club.

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