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País Vasco levantará 1.140 casas en alquiler social con los fondos europeos
GTRES

El País Vasco invertirá 173,51 millones de euros en levantar 1.140 viviendas públicas en alquiler social en un total de 11 municipios. Y contará con 48,5 millones procedentes de los fondos NextGenerationEU, gracias a un acuerdo firmado con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma). Las ayudas para la promoción de estas viviendas serán ejecutadas directamente por VISESA (Vivienda y Suelo de Euskadi S.A.), propietaria del suelo, junto con la propia comunidad autónoma.

La distribución es la siguiente:

  • 318 viviendas en dos parcelas en Vitoria-Gasteiz (Álava).
  • 102 viviendas en dos parcelas en Amurrio (Álava).
  • 180 viviendas en Sestao (Bizkaia).
  • 122 viviendas en dos parcelas en Getxo (Bizkaia).
  • 108 viviendas en Barakaldo (Bizkaia).
  • 42 viviendas en Santurtzi (Bizkaia).
  • 24 viviendas en Sopela (Bizkaia).
  • 66 viviendas en Hondarribia (Gipuzkoa).
  • 108 viviendas en Zumárraga (Gipuzkoa).
  • 46 viviendas en Orio (Gipuzkoa).
  • 24 viviendas en Urretxu (Gipuzkoa).

La actuación está incluida en el Programa de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). A través del Programa, dotado con 1.000 millones de euros, de los que ya se han transferido 500 millones a las comunidades y ciudades autónomas, se busca financiar el incremento del parque público de viviendas energéticamente eficientes destinadas al alquiler social o a precio asequible, mediante la promoción de viviendas de nueva construcción sobre terrenos de titularidad pública. En 2023 se traspasarán los 500 millones de euros restantes.

En este contexto, Mitma ha trasferido ya al País Vasco casi 24,3 millones de euros, estando prevista una transferencia adicional del mismo importe a principios del año 2023. La ayuda que se aporta es de hasta 700 euros por metro cuadrado de superficie útil de vivienda con un máximo de 50.000 euros por vivienda.

El objetivo es incrementar el parque público de vivienda asequible durante un período mínimo de 50 años y con un consumo de energía primaria no renovable inferior en un 20% como mínimo a los requisitos exigidos en el Código Técnico de Edificación.

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