Madrid crece en materia de urbanismo al son de la Ley Ómnibus

La burocracia es uno de los escollos más importantes para las empresas del inmobiliario. Aligerar y 'adelgazar' trámites es una de las obsesiones de todos los agentes del sector. Hasta el momento, la Comunidad de Madrid es la región que más ha apostado por satisfacer esta demanda. Y lo ha hecho a través de la llamada Ley Ómnibus, que contiene una serie de medidas legislativas, relativas tanto a la ordenación territorial como a la ordenación urbanística, que complementan dos leyes autonómicas: una es la Ley del Suelo del 2001 y la otra, la Ley de Medidas de Política Territorial del 1995.

La nueva ley busca actualizar la actividad urbanística a las nuevas realidades de la sociedad y de la economía. "Es indiscutible la necesidad de que la ciudad vaya adaptándose a la realidad. Sin embargo, la rigidez de las normas urbanísticas que predeterminan el uso del suelo y su intensidad, impide abordar esos procesos de cambio con agilidad cuando se percibe que ya no responden a la finalidad que las estableció. Por ello, no se nos escapa la importancia de este tipo de actuaciones", explica a El Economista Antonio Ñudi, socio de Andersen.

La nueva Ley Ómnibus también sirve para realizar cambios de uso y aumentos en la edificabilidad de solares o edificios, siempre y cuando se justifique la viabilidad económica de este nuevo equilibrio de los usos lucrativos con las dotaciones públicas, garantizando así la calidad del entorno urbano afectado. Además, la autonomía municipal tiene la potestad de tramitar modificaciones en los Planes Especiales, una medida que agiliza de nuevo la burocracia. 

"Esta Ley por fin modifica el estatuto jurídico de los patrimonios públicos de suelo y permitirá utilizar suelos dotacionales vacantes, para la construcción de viviendas protegidas en los mismos, al considerarse ahora como parte de la red de servicios", señala Sigfrido Herráez, decano del Colegio Oficial de de Arquitectos de Madrid (COAM).

En el primer trimestre de 2022, la presidenta de Wires, Carmen Panadero, ya explicó en idealista/news lo que significaría esta nueva ley. La experta inmobiliaria la desgranó en cuatro retos:

• Residencial: problema de acceso a la vivienda en las ciudades que dificulta el acceso a la vivienda de los colectivos jóvenes, los vulnerables y la atracción de talento internacional.
• Tramitación: problema con la lentitud de trámites administrativos que lastran la actividad económica y dificultan la puesta en carga de nuevos desarrollos.
• Seguridad jurídica: necesidad de clarificación de reglas del juego y seguridad jurídica en colaboraciones público-privadas.
• Usos del suelo: necesidad de activación económica y reactivación de los entornos rurales, pueblos y ciudades mediante la regulación de los usos en suelos no urbanizables.

Con respecto al primer puntos, Panadero destacó las medidas en función del tipo de suelo.

1. Suelos dotacionales: Se posibilita la implantación de uso residencial para viviendas públicas sujetas a un régimen de protección sobre la red de suelos dotacionales tales como equipamientos educativos, culturales, sanitarios, deportivos, etc.
2. Suelo urbano no consolidado: se incluye la obligación de reserva del 10% de la edificabilidad residencial para viviendas sujetas a algún régimen de protección pública (VPP).

En cuanto a los trámites administrativos, la presidenta de Wires hizo especial hincapié en seis medidas: 

1. Se reduce de 6 a 4 meses el plazo para la emisión del informe de impacto territorial.
2. Se otorga carácter de silencio administrativo positivo a aquellos informes sectoriales y municipales no preceptivo pero necesarios.
3. Se amplía el plazo de información pública de los avances de PGOU de 30 a 45 días.
4. Se desliga la figura del Proyecto de Alcance Regional del Plan Regional de Estrategia Territorial, se elimina el requisito de justificación de la utilidad pública o interés social o se clarifica su vinculación y efectos directos sobre los PGOUs.
5. En Planes Parciales se aclara y flexibiliza la posibilidad de modificación de las determinaciones pormenorizadas.
6. En Planes Especiales se podrán modificar determinaciones estructurantes del planeamiento.

La realidad es que esta Ley Ómnibus, junto con las nuevas declaraciones responsables del Ayuntamiento de Madrid han conseguido ahorrar hasta 200 millones de euros al sector inmobiliario en dos años, según datos de Asprima recogidos por El Economista.