Artículo escrito por Rafael Sánchez Riesco, director de soluciones bancarias de Prosegur AVOS
El sector inmobiliario no es ajeno a las complejidades que supone el control del negocio desde el punto de vista de cumplimiento normativo. La actividad de compraventa de inmuebles ha sido tradicionalmente candidata a ser objeto de blanqueo de capitales.
Y los servicers, además de hacer frente a los requerimientos normativos de un sujeto obligado; viven el proceso de digitalización del sector Real Estate; asumen los criterios de exigencia añadidos del sector financiero, del que heredan la cartera; y deben hacer frente al control de número elevado de operaciones, intervinientes y activos inmobiliarios.
En este sentido, la tecnología regulatoria es, sin duda, una aliada. Afrontar este proceso de transformación digital permite abarcar un gran volumen de actividad de forma eficiente y mitigar los riesgos implícitos al negocio.
Si bien los servicers, y los sujetos obligados en general, están obligados a identificar y analizar intervinientes; el sector inmobiliario, además, debe poner especial atención en las características de los activos (precio, tamaño, tipología o ubicación geográfica) y la operación (importe total, origen de los fondos, medios de pago utilizados o fechas de formalización, entre otros).
La pregunta está clara: ¿cómo hacer frente a todos estos requerimientos de forma eficaz, pero también eficiente, con un gran volumen de operaciones? ¿Cómo gestionar más y mejor de forma optimizada? Sin la tecnología es materialmente imposible. Y es aquí donde reside la diferencia con el sector inmobiliario en general y dónde la propia tecnología supone un valor añadido totalmente medible y auditable.
Mientras que sujetos obligados inmobiliarios de menor tamaño, como APIs o consultores inmobiliarios, gestionan un volumen de activos pequeño y de tipología reducida, los servicers cuentan con grandes carteras que deben gestionar de principio a fin.
Los servicers participan desde el primer momento del proceso con la recuperación del inmueble impagado. Se encargan del mantenimiento, la gestión de los inquilinos, la comercialización y la captación de posibles clientes.
Además, abarcan todo tipo de activos, obra nueva, mercado de segunda mano, parcelas, locales, garajes, suelos, sin distinciones territoriales, desde pequeñas poblaciones rurales a grandes ciudades.
Por ello, disponer de una infraestructura tecnológica que les permita realizar un análisis automático y ágil de la información derivada de cada operación inmobiliaria, con sus características y peculiaridades, es fundamental. La tecnología les facilita, de igual manera, tanto la cuantificación como la perfilación de los niveles de riesgo para grandes volúmenes de clientes.
Una solución lo suficientemente robusta y escalable facilitará a los servicers un soporte documental y la capacidad de trazar la información para cubrir las diligencias establecidas.
Y, por supuesto, este tipo de plataformas deben ser completamente flexibles para integrarse con el resto de los sistemas de la compañía, tan complejos como los de una entidad financiera.
Todo ello con el fin de evitar un incumplimiento de la normativa que pueda derivar en sanciones del SEPBLAC y que puedan afectar tanto a la compañía como a directivos de la empresa.
En este sentido, no conviene olvidar que los requerimientos normativos no cesan en un sector que no deja de ser objeto de actividades delictivas como el blanqueo de capitales. Por ello, es fundamental analizar cómo se están abarcando los procesos internos relativos a PBCFT, cómo pueden optimizarse y cómo pueden ser fundamentales en la gestión del riesgo de los servicers.
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