La Generalitat de Cataluña sigue acelerando la compra de vivienda para ampliar el parque público de alquiler asequible. El consejo de administración del Institut Català del Sòl (Incasòl) ha confirmado ahora la adquisición de 1.094 viviendas propiedad de InmoCaixa por un importe cercano a los 90 millones de euros, en una de las mayores operaciones residenciales cerradas por la administración catalana en los últimos años.
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La operación amplía el acuerdo anunciado a finales de 2025, cuando el Govern avanzó la compra de 1.064 pisos por 87,2 millones de euros. Finalmente, el paquete se ha incrementado en 30 viviendas más y también incorpora 1.014 plazas de aparcamiento y 239 trasteros repartidos en 14 municipios catalanes.
Los inmuebles se distribuyen entre Barcelona, Sitges, Sant Just Desvern, L’Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Terrassa, Mataró, Lleida, Tarragona, Sabadell, Olot o Tordera, entre otros municipios. Destacan especialmente los 192 pisos adquiridos en Sitges, los 186 de Barcelona, los 120 de Sant Just Desvern o los 112 de L’Hospitalet.
La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha defendido que este tipo de adquisiciones son “una vía rápida” para incrementar el parque público y avanzar en el denominado Plan 50.000, con el que el Govern pretende impulsar la vivienda asequible en Cataluña.
La compra se enmarca además en la estrategia iniciada por InmoCaixa en 2021 para desprenderse progresivamente de parte de su cartera residencial, priorizando las ventas a administraciones públicas y a los propios inquilinos.
No es la primera gran operación entre ambas partes. De hecho, la Generalitat ya había adquirido anteriormente otros paquetes de 450, 214 y 179 viviendas a la filial inmobiliaria de CriteriaCaixa. Con esta nueva transacción, los acuerdos entre el Govern e InmoCaixa rozan ya las 2.000 viviendas incorporadas al parque público catalán en apenas unos años.
El Ejecutivo catalán ha defendido reiteradamente este modelo de compras masivas frente a la lentitud de la nueva promoción pública. Salvador Illa llegó a definir la adquisición anunciada el pasado noviembre como “la mayor compra hecha nunca” por la Generalitat en materia residencial. Entonces, el president aseguró que muchos de esos inmuebles estaban próximos a perder su condición de vivienda protegida y que la operación permitía mantener los alquileres asequibles y garantizar la estabilidad de los inquilinos actuales.
La fórmula de adquirir grandes carteras ya construidas se está consolidando como una de las principales vías utilizadas por las administraciones para aumentar el parque público de vivienda en España, especialmente en mercados tensionados como Barcelona y su área metropolitana, donde la escasez de oferta asequible sigue presionando al alza los precios del alquiler.
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