El Tribunal de Cuentas detecta deficiencias en la gestión de Sepes

El Tribunal de Cuentas alerta de las fallas con las que nace la Empresa Pública de Vivienda (Sepes)

El Tribunal de Cuentas le ha leído la cartilla a Sepes, la Entidad Pública Empresarial de Suelo adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU), y que se ha convertido en la encargada de gestionar el parque residencial público que pretende ampliar el actual Gobierno. El auditor ha analizado la actividad de Sepes entre 2018 y 2023 (desde que Pedro Sánchez es presidente) en la que cuestiona su eficacia, con retrasos en la venta de viviendas y parcelas que ocasionan mayores costes de mantenimiento y conservación.
La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, durante su comparecencia en la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en el Congreso de los Diputados, a 3 de diciembre de 2024, en Madrid (España)

El Tribunal de Cuentas niega que haya más de 600 millones de ayudas estatales en vivienda sin justificar

La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, ha negado que haya sin justificar más de 600 millones de euros enmarcados en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, alegando que las comunidades autónomas todavía están en plazo de justificar los respectivos desembolsos, respondiendo así al planteamiento hecho por el PP. La máxima representante del organismo fiscalizador ha indicado que se hace necesario que el Gobierno refuerce la cooperación y coordinación con las comunidades autónomas y los ayuntamientos al desarrollar los planes de vivienda estatales.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión de control al Gobierno

Tribunal de Cuentas: las medidas anticovid costaron más de 40.000 millones en 2021

Las medidas extraordinarias como consecuencia de la pandemia de covid-19 tuvieron un coste, durante 2021, de más de 40.000 millones de euros, según se desprende de la Declaración sobre la Cuenta General de ese ejercicio realizada por el Tribunal de Cuentas. El Estado destinó más de 13.000 millones de euros en ayudas sociolaborales y la deuda pública ascendió a 1,26 billones.