El Tribunal de Cuentas le ha leído la cartilla a Sepes, la Entidad Pública Empresarial de Suelo adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU), y que se ha convertido en la encargada de gestionar el parque residencial público que pretende ampliar el actual Gobierno. El auditor ha analizado la actividad de Sepes entre 2018 y 2023 (desde que Pedro Sánchez es presidente) en la que cuestiona su eficacia, con retrasos en la venta de viviendas y parcelas que ocasionan mayores costes de mantenimiento y conservación.
El Ministerio de Vivienda ha transformado a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) en la nueva promotora y gestora pública de vivienda. Desde finales de 2024, el Gobierno ha puesto en marcha los mecanismos para crear una gran empresa pública que gestione el parque de viviendas del Estado, y que tiene a Sepes como embrión. El MIVAU ha destinado 1.500 millones de euros a Sepes para financiar actuaciones residenciales con una previsión de crear 16.800 nuevas viviendas de alquiler asequible.
El trabajo para que se convierta en efectivo y que sea efectiva parece largo después del informe del Tribunal de Cuentas señales los retrasos en la ejecución de las actuaciones urbanísticas de Sepes, que achaca a “la complejidad de su tramitación, con mucha burocracia y exigencias normativas, y a la distribución de competencias entre autonomías” durante el periodo analizado de 2018 a 2023.
Las principales conclusiones del informe ponen de manifiesto la lentitud en los plazos de ejecución que se dilatan en el tiempo más allá de lo razonable. Y pone como ejemplo casos tan destacados como la Operación Campamento de Madrid, con los antiguos suelos del Ministerio de Defensa, al igual que los terrenos del Regimiento de Artillería de Sevilla o lo del Parque Central de Ingenieros y el Cuartel y la Maestranza de Artillería de Valencia, cuyos plazos se han dilatado más de 10 años, o 20 años en el caso de Madrid.
Además, el reparto de competencias en materia de Vivienda, lo que ha traído es más exigencias legales en su tramitación, aumentando la burocracia y, por tanto, más dilación y sobrecostes en las actuaciones.
El Tribunal de Cuentas confirma que los costes estimados a finales de 2024 son un 18% superiores a los previstos dos años antes, a finales de 2022, y pone manifiesto la insuficiente dotación de Sepes en lo que respecta a recursos en tecnologías de la información.
Además, “en la fase de comercialización, se constata que promociones iniciadas hace más de una década no habían completado su venta al cierre de la fiscalización, lo que genera gastos de mantenimiento y conservación de inmuebles pendientes”, destaca el estudio de análisis.
Estos son los deberes que el Tribunal de Cuentas pone a Sepes
Tampoco va a ser todo negativo para la actuación de Sepes. Tanto retraso si ha permitido cumplir con los requisitos legales en convenios, contratos y gestión patrimonial, aunque ha echado en falta las reuniones de comisiones de seguimiento entre Administraciones competentes.
El Tribunal de Cuentas recomienda ante la llegada de nuevos fondos y un nuevo fin para la entidad:
- reforzar la planificación de las operaciones urbanísticas con estudios de demanda y plazos realistas,
- intensificar la coordinación con las administraciones implicadas
- diseñar un plan que permita dar salida en un tiempo razonable al stock de inmuebles sin vender, garantizando que las viviendas públicas lleguen en condiciones adecuadas a los ciudadanos que las necesitan.
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