El Gobierno se da seis meses para activar la nueva promotora y gestora pública de vivienda

El Gobierno se da un plazo de seis meses para culminar la transformación de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) en la nueva promotora y gestora pública de vivienda.

Así lo ha anunciado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Según ha explicado la titular de Vivienda, en el próximo medio año se va a incorporar a la sociedad todo el patrimonio del Estado, se va a elaborar un plan estratégico y se va a crear un portal de gestión para que los ciudadanos demandantes de esas viviendas. 

"Ese será el trabajo que vamos a acometer en los próximos seis meses y es de lo que he informado al Consejo de Ministros", ha asegurado Rodríguez, que también ha añadido que de momento se han identificado cerca de 580 parcelas repartidas en toda España donde se podrían desarrollar viviendas asequibles.

A mediados de diciembre, la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) fortaleció su estructura administrativa, como paso previo para la creación de la empresa pública de vivivenda anunciada por el Gobierno, cuya finalidad será la gestión integral del parque público de vivienda del Estado (desde la movilización del suelo hasta su urbanización y construcción) para incrementar el número de viviendas asequibles, tanto para alquiler como para compra, en colaboración con las promotoras privadas.  

Unos días más tarde, en el último Consejo de Ministros de 2024, el Gobierno aprobó un Real Decreto-Ley que incluía, entre otras medidas, la aportación de inmuebles Patrimonio del Estado a Sepes para el desarrollo e implementación de una política de vivienda asequible, y que fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de manera inmediata. 

La promotora y gestora de vivienda pública dependerá de la Administración General del Estado (AGE), que acaba de transferir más de 3.300 viviendas y casi 2 millones de m2de suelo residencial a la recién creada Empresa Pública de Vivienda y que se utilizarán para construir miles de viviendas protegidas en régimen de alquiler asequible. 

Los inmuebles de los que la nueva empresa dispondrá proceden de diferentes organismos, como el Instituto de la Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied), el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) o la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse). También de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) y Patrimonio Nacional. Y también se añadirán las más de 30.000 viviendas que tiene actualmente Sareb, 13.000 de ellas de forma inmediata.

Actualmente, la sociedad está llevando a cabo diferentes actuaciones residenciales con fondos que le ha transferido el propio Ministerio de Vivienda. Todas ellas están adscritas al convenio MIVAU-Sepes para el Plan de Viviendas para el Alquiler Asequible (PVAA), y suman un total de 17.500 las viviendas repartidas en 29 desarrollos. La operación más destacada de todo el plan es la Operación Campamento de Madrid, que aglutina 10.700 unidades (el 61,1% del total).

Se esperan novedades de la Operación Campamento para febrero

Sobre la Operación Campamento de Madrid, el mayor desarrollo previsto de momento en suelo público, Rodríguez ha afirmado que el Gobierno espera que en febrero esté lista la aprobación definitiva por parte del Ayuntamiento de Madrid de la iniciativa urbanística para comenzar con los trabajos de urbanización y que, por tanto, puedan arrancar las obras.

Según ha argumentado la ministra de Vivienda, este nuevo barrio de la capital abarca más de dos millones de m2 de suelo público e incluirá unas 10.700 viviendas, todas ellas asequibles. Y ha recordado que el Gobierno presentó la iniciativa urbanística al Consistorio madrileño en julio y que fue estimada en septiembre. El Gobierno municipal se comprometió a aprobar la iniciativa en un plazo de seis meses, de ahí que el Ejecutivo espere tener novedades al respecto a lo largo del segundo mes del año.

"Poner suelo público a disposición no es liberalizar suelo ni intervenir el mercado"

Durante su intervención, Rodríguez también ha insistido en la necesidad de no confundir la propuesta del Gobierno de poner suelo a disposición del mercado para desarrollar vivienda asequible con liberalizar el suelo o intervenir el sector.

"No es lo mismo poner suelo público a disposición que liberalizar suelo público. Lo primero supone más vivienda pública y asequible y blindar ese parque, mientras que lo segundo trajo la burbuja inmobiliaria, los desahucios y la destrucción del sector. Liberalizar no garantiza vivienda digna y asequible. Y poner suelo a disposición no es intervenir el mercado, sino cumplir con la Constitución y evitar la especulación", ha añadido. 

Por otro lado, la ministra de Vivienda ha confirmado que las viviendas de protección oficial que se promuevan a través de la nueva empresa pública se podrán vender una vez pase el periodo de protección estipulado, pero "en las mismas condiciones" que se han adquirido.

"Si ese propietario, gracias al esfuerzo de todos nosotros, tuvo el derecho de acceder a una vivienda con unas condiciones de vivienda protegida, si mañana le va mejor la vida y puede acceder a una vivienda del mercado libre o necesita cambiar de lugar, va a poder vender su vivienda, pero con las condiciones de una vivienda protegida y a personas que, como él, necesitaban de esa protección de lo público", ha recalcado.

Ve "difícil" oponerse a la bonificación en el IRPF para los propietarios

Preguntada sobre las medidas que adelantó ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en materia de vivienda, y por la necesidad de que varias de ellas tengan el visto bueno del Congreso de los Diputados para salir adelante, Rodríguez ha afirmado que ve difícil que los grupos políticos rechacen medidas como bonificar hasta el 100% en el IRPF a los propietarios que rebajen el precio de los contratos en zonas no tensionadas.

"Si estamos diciendo que en España hay un problema de precios en el mercado del alquiler y que se necesita movilizar vivienda, y que para hacerlo, el presidente ha dicho que está dispuesto a que el 100% de esas rentas de alquiler puedan ser bonificadas para que se baje el precio a los inquilinos, ¿quién va a decir que no?", ha indicado la ministra de Vivienda.

Rodríguez también ha reconocido "la complejidad de la materia e, incluso, que puedan existir diferencias ideológicas que, desde luego, tienen que ser también explicadas por los distintos grupos políticos y parlamentarios a la ciudadanía", por lo que ha pedido "responsabilidad" a las formaciones políticas. "Se hablará con los grupos políticos. Primero vamos a concretar exactamente el texto de estas medidas para ser registradas en el Parlamento", ha destacado.