La Audiencia Provincial de Baleares ha recordado que un propietario no puede recuperar su vivienda alegando que la necesita para si y su familia si el plazo que pactó con el arrendatario sigue vigente. El contrato tenía una duración de cinco años y todavía quedaban los dos últimos para que venciera el acuerdo. El tribunal distingue entre recuperar una vivienda cuando termina una prórroga y poner fin al alquiler antes de que venza el plazo pactado. Además, se demostró que el casero contaba con otra propiedad en Palma, por lo que concluyó que no ha quedado acreditada una necesidad real que justificara recuperar el piso alquilado.
La Diputación Permanente ha convalidado con 35 votos a favor -PSOE, Sumar, PNV, ERC, Bildu y Podemos- y 34 en contra -PP, Vox y Junts- uno de los dos decretos de vivienda que el Gobierno aprobó el pasado 6 de octubre y entró en vigor dos días después, que incluye un abanico de medidas amplio para intervenir en el mercado de la vivienda, sobre todo en el alquiler. El segundo decreto ha sido derogado, esta vez con el PNV votando al lado del PP, VOX y Junts contra la conversión de los contratos de arrendamiento en indefinidos, con medidas que obligarían al propietario a pagar una indemnización al inquilino si decidía no prorrogar el contrato de alquiler, y que aún no había entrado en vigor.
Los dos decretos que el Gobierno ha publicado en el BOE contienen, en esencia, las mismas medidas que los que tumbó el Congreso el viernes pasado. La intención de Moncloa es llevarlos a la Diputación Permanente, donde esta vez espera contar con una mayoría favorable. Para evitar incurrir en un posible fraude de ley, han introducido modificaciones como la ampliación hasta 2030 de la prohibición a la compra de vivienda por parte de fondos de inversión (categoría que ahora incluye a grandes tenedores) o una propuesta de alquiler indefinido aún más restrictiva con el derecho a la propiedad de los arrendadores.
El uso del término “indefinido” sigue generando controversia. Una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona aborda esta cuestión y aclara que dicha expresión no implica que un alquiler tenga carácter perpetuo. El caso parte de un contrato firmado en 1998 cuya duración se pactó como indefinida. Transcurridos más de veinte años, el propietario comunicó su voluntad de no continuar con el arrendamiento y, ante la falta de entrega del inmueble, acudió a los tribunales. El Juzgado de Primera Instancia nº 47 de Barcelona estimó la demanda de desahucio y la Audiencia Provincial confirmó esta decisión.
El Tribunal Supremo vuelve a pronunciarse sobre una cuestión clave en el mercado del alquiler: ¿es válida una cláusula de prórroga indefinida a voluntad del inquilino tras la entrada en vigor de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994? En una novedosa sentencia avala este tipo de cláusulas, aunque con límites temporales, reforzando así la importancia del principio de autonomía de la voluntad frente a la rigidez de la duración contractual.
La bajada de las rentas del alquiler está provocando que los contratos se rompan antes de tiempo y que no se alcance la duración que contempla la ley. Y es que, según explica José Ramón Zurdo, abogado especializado en arrendamientos y director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), los inquilinos están resolviendo los contratos de forma anticipada porque se quieren mudar a viviendas más baratas y más acordes con las nuevas necesidades habitacionales que han surgido tras la pandemia sanitaria.
El Boletín Oficial de estado (BOE) ha publicado hoy el texto de la Ley de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y eficiencia energética de los edificios.
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