Apis cataluña

Varias asociaciones y entidades representativas de los profesionales y empresas del sector inmobiliario, desde los agentes de la propiedad a los administradores de fincas y promotores, han presentado un recurso de alzada ante la consejera del Departamento de Territorio de la Generalidad de Cataluña por la resolución para declarar de forma oficial las zonas de mercado residencial tenso en la autonomía, paso necesario para poder establecer límites a los precios del alquiler en las viviendas. El siguiente paso sería interponer un recurso contencioso-administrativo.

Las entidades más representativas de la promoción, la intermediación y la administración de viviendas han presentado alegaciones a la resolución de la secretaria de Vivienda del Departamento de Territorio de la Generalitat de Cataluña. Las alegaciones se centran, principalmente, en el incumplimiento del procedimiento establecido en la Ley de la Vivienda, que exige el control de precios del alquiler como única medida para reducir el desequilibrio entre la oferta y la demanda de vivienda en diferentes municipios, renunciando a la actuación de los poderes públicos para la resolución del acceso a la vivienda.

El Sindicato de Inquilinos de Barcelona continúa en pie de guerra contra el negocio inmobiliario, aunque en esta ocasión les podría llevar a los juzgados. Según un comunicado difundido por los API de Catalunya, “ante los constantes ataques a los miembros de nuestro colectivo, que han llegado a su punto más álgido con el acoso en diferentes establecimientos, con las actuaciones vandálicas por parte de determinados integrantes del llamado Sindicato de Inquilinos, que han sido ampliamente difundidas, mostramos nuestra repulsa". Los API están ahora valorando actuar con la máxima contundencia contra estos hechos.

El pleno del Parlamento catalán ha aprobado una proposición de ley impulsada por Junts per Catalunya que permite que los ayuntamientos puedan instar el desahucio de una vivienda ocupada de forma ilegal en casos en los que los dueños sean grandes propietarios (que tengan en propiedad 10 o más pisos) y que éstos no se hagan cargo de iniciar el desalojo por vía judicial. Esta nueva norma tiene el visto bueno de las inmobiliarias de Cataluña, aunque lamentan que el texto aprobado haya restado capacidad de maniobra a las comunidades de propietarios.

La Asociación de Agentes Inmobiliarios de Catalunya (AIC) y el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) de Barcelona han dado a conocer las cifras del mercado inmobiliario de Catalunya durante el tercer trimestre del año. Según los datos del informe, el número de compraventas registrado en Catalunya durante el tercer trimestre del año ha sido de 26.966, nivel máximo desde el segundo trimestre de 2007, con un incremento trimestral del 3,6% y del 12,2% con respecto al mismo trimestre de 2021.

Las inmobiliarias catalanas se defienden ante el Sindicato de Inquilinos. Las Apis y el Consejo de Colegios de Cataluña salen en defensa del sector en una carta dirigida a Jaime Palomera y su asociación y exigen que no se cuestione ni su "profesionalidad" ni su "empatía" con los más vulnerables. “Vuestra representación sectorial no está ni acreditada ni se conoce más allá del ruido mediático que hacéis”, dicen.

A mediados de esta semana el Parlament catalán dio luz verde a esta polémica ley para limitar el aumento de los alquileres en Cataluña y habilitar un control de precios. Los principales actores del negocio del real estate en España están en contra, tildando este movimiento de ilegal, una medida “disparatada” y que, de salir adelante esquivando la negativa del Tribunal Constitucional, tendrá efectos adversos para inquilinos y propietarios.

El también presidente del COAPI de Girona Joan Company presidirá la entidad que agrupa a todo el colectivo API en Cataluña y que hasta ahora encabezaba Gerard Duelo, también presidente del Consejo General de los COAPI de España, de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña (AIC) y del COAPI de Barcelona.

Esta semana el Sindicat de Llogaters, junto con el Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña, presentó una proposición de ley en el Parlamento para limitar el precio del alquiler. Los principales actores del negocio inmobiliario catalán alertan de que “aquellos sectores de población más desfavorecidos o en situación de vulnerabilidad no verán aumentadas sus opciones a acceder a una vivienda de alquiler”.

El colegio de agentes de la propiedad inmobiliaria (api) de Girona ha denunciado la existencia de 50 agencias inmobiliarias ilegales en diversas ubicaciones de la provincia.

Joan ollé, presidente del colegio de apis de Cataluña, cree que las medidas anunciadas por el Consejo de Ministros para favorecer y reactivar el mercado inmobiliario beneficiarán en realidad a los bancos, así como contribuirán a la especulación.